La Directiva Whistleblowing: un canal de denuncias interno
La Directiva Whistleblowing obligará en un futuro inmediato a todas las empresas con más de 250 personas en plantilla a incorporar canales de denuncias internos. Umbral que se reducirá a 50 personas trabajadoras antes de 2023. Esta iniciativa proviene de la Unión Europea, que ha declarado la utilidad de estas vías de denuncia llegando a calificarlas como “garantes del funcionamiento democrático”.
A fin de cuentas, son las denuncias particulares las que han ayudado a destapar escándalos como Dieselgate o Cambridge Analytics. Sin embargo, la UE ha detectado por medio de informes como la Global Business Ethics Survey que un alto porcentaje de los denunciantes (el 36 % en el estudio de 2016) terminan sufriendo represalias.
Por eso se hace necesaria una Directiva como la 2019/1937, popularmente conocida como Directiva Whistleblowing. Esta norma de protección al denunciante aparece en un marco corporativo en que el compliance y la responsabilidad proactiva son cada vez más relevantes, trayendo novedades como la obligación de establecer canales de denuncias internos que garanticen cierta seguridad al denunciante.
La Directiva Whistleblowing: espíritu y contenido
A grandes rasgos, la Directiva Whistleblowing trata de garantizar la inmunidad de aquellas personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión Europea. Hasta ahora, tales denuncias podían ser problemáticas para el detractor:
- Por un lado, se enfrentaría a la posibilidad de sufrir sanciones en el marco laboral, empresarial o económico, al denunciar a la empresa de la que depende su sustento o beneficio.
- Además, este tipo de denuncias se puede tipificar habitualmente como una revelación de secretos, lo que podría suponer que el denunciante tenga que afrontar un proceso penal.
- Y, para más inri, el hecho de ser señalado puede tener consecuencias para el futuro profesional del denunciante o su imagen pública.
Así pues, la Directiva Whistleblowing pretende reducir estos riesgos. Se trata de una norma de protección del denunciante, que incentiva las denuncias internas de aquellos actos ilícitos descubiertos en el ámbito laboral o empresarial.
Para vehicular estas denuncias, la Directiva establece la obligación de implementar canales internos de denuncias. El 17 de diciembre de 2021 esta Directiva deberá estar traspuesta y las empresas con más de 250 personas en plantilla deberán haber implementado estas vías de denuncia. Este umbral caerá en 2023, cuando todas las empresas con más de 50 personas empleadas deberán integrar su canal de denuncias interno.
Obstaculizar la efectividad de estos sistemas de denuncias será objeto de sanción. Por lo que las empresas deben ponerse manos a la obra para instaurar el canal de denuncias interno antes de que sea demasiado tarde.
La implementación de canales de denuncias internos
Implementar un canal de denuncias interno no debería ser especialmente complejo. Sin embargo, requiere un estudio jurídico previo, para garantizar que el sistema elegido es acorde a la normativa sin vulnerar otras reglas de protección como la relativa a información de carácter personal.
Es recomendable aprovechar la adopción de sistemas de cumplimiento normativo para integrar este tipo de vías de comunicación segura. No solo tienen puntos en común, sino que ambas iniciativas encajan en la nueva tendencia del Derecho Corporativo, orientada a la prevención y a la responsabilidad proactiva.
Si necesitas ayuda para implementar un canal de denuncias o un programa de compliance no dudes en contactar con nuestro equipo.
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