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Jubilación Forzosa: nuevos límites

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, plantea una reforma cuyo objetivo es alinear la edad real y la edad efectiva de jubilación. En mayor medida pretende incentivar la permanencia de los trabajadores en el sistema laboral y, por lo tanto, retrasar la edad de jubilación.

Para ello, una de las medidas que se van a tomar es la de modificar la cláusula de la jubilación forzosa, que permite que la empresa pueda extinguir los contratos de trabajo a los empleados que llegan a la edad de jubilación ordinaria, siempre que se contemple en el convenio colectivo, como se recoge en el Real Decreto-ley 28/2018. Es decir, la empresa puede prescindir de un trabajador por motivos de edad.

La nueva medida, contemplada en el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, establece que los convenios colectivos, sólo podrán contemplar cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de más de 68 años y con derecho al 100% de la pensión, siempre que, además, se vincule a medias de políticas de empleo a través de la contratación indefinida y a tiempo completo, de, al menos, un nuevo trabajador. Excepcionalmente, será posible rebajar el límite de edad hasta la edad ordinaria de jubilación, en determinados sectores en que las mujeres estén subrepresentadas y siempre que se contrate, al menos, a una mujer.

Se pretende, junto a la desincentivación de las jubilaciones anticipadas y los «premios» a los que se retiren más tarde, conseguir acercar la edad efectiva de jubilación (a la que se retiran actualmente los españoles) a la edad ordinaria de jubilación.

Cabe destacar que se respetarán las cláusulas incluidas en los convenios colectivos vigentes, que mantendrán su aplicación hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio colectivo en cuestión.

La previsión es que esta reforma, al igual que la de las jubilaciones anticipadas y demoradas, tendrá lugar en el último trimestre de 2021, con la intención de que se empiece a aplicar desde enero de 2022, tras la pertinente aprobación parlamentaria.