Ley de Protección del Informante: no cumplir con la normativa puede salir caro
¿Sabes que el incumplimiento de la Ley de Protección del Informante puede suponer una infracción muy grave que se podría sancionar con una multa de hasta un millón de euros? Para evitar sanciones es fundamental que sepas en qué consiste esta nueva ley, cómo afecta a las empresas, quién debe cumplirla y qué sanciones se pueden imponer por el incumplimiento.
Aspectos destacados de la nueva Ley de protección del informante
Hace unos días se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción , por la que se transpone la Directiva Whistleblowing, también denominada Ley de protección del informante. Esta nueva ley regula varios aspectos destacados que destacamos a continuación:
- Se amplía el tipo de comunicaciones, respecto a la Directiva Whistleblowing, que se protegen.
- Obliga a una tramitación efectiva de cualquier comunicación, respetando garantías y derechos.
- Obliga a las empresas a implantar un sistema interno de información (canal de denuncias interno) y a integrar todos los canales que existan en la empresa.
- Será necesario designar a un responsable del sistema de información interno.
- La protección no solo se refiere a la prohibición de represalias, sino también a la ayuda y apoyo al informante, incluso desde el punto de vista económico.
¿A quién obliga la nueva ley?
La principal novedad de la ley es que obliga a las empresas (tanto del sector privado como del sector público) de más de 50 trabajadores a implantar un sistema de información que garantice la protección de los informantes, que pueden ser trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta propia.
¿Qué sanciones se pueden imponer por el incumplimiento de la ley?
Es importante saber que si una empresa incumple la ley y no crea un canal de denuncias interno o lo implanta de manera deficiente, se le podrán imponer sanciones por la comisión de una infracción muy grave. Estas sanciones podrían ser las siguientes:
- Multa de hasta un millón de euros para las personas jurídicas y 300.000 para las personas físicas.
- Amonestaciones públicas.
- Prohibición de obtener subvenciones y otros beneficios fiscales durante el plazo de cuatro años.
- Prohibición de contratar con el sector público durante un plazo de tres años.
Para evitar perjuicios, es importante no solo conocer la nueva ley de protección del informante y las consecuencias del incumplimiento, sino también establecer el canal de denuncias interno que cumpla con la normativa. En este sentido, se pueden gestionar las comunicaciones por parte de la empresa de forma directa o externalizar el servicio a un tercero como un despacho de abogados o una asesoría. Si necesitas que te ayudemos con la tramitación e implantación del canal de denuncias interno, no dudes en contactar con nosotros: analizaremos tu caso y daremos todos los pasos necesarios para cumplir con la ley.
Noticias relacionadas
El Delegado de Protección de Datos es uno de los elementos claves del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), debido a que es la figura que garantiza el cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones.
TSJEU obligó a España y a la Agencia Tributaria a modificar la normativa y en especial el régimen sancionador relativos al Modelo 720, ya que, se considera excesivo y contrario al principio de libre circulación de capitales de la Unión Europea.
Noticias relacionadas
El Delegado de Protección de Datos es uno de los elementos claves del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), debido a que es la figura que garantiza el cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones.
TSJEU obligó a España y a la Agencia Tributaria a modificar la normativa y en especial el régimen sancionador relativos al Modelo 720, ya que, se considera excesivo y contrario al principio de libre circulación de capitales de la Unión Europea.
Noticias relacionadas
El Delegado de Protección de Datos es uno de los elementos claves del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), debido a que es la figura que garantiza el cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones.
TSJEU obligó a España y a la Agencia Tributaria a modificar la normativa y en especial el régimen sancionador relativos al Modelo 720, ya que, se considera excesivo y contrario al principio de libre circulación de capitales de la Unión Europea.
