Publicaciones

Mercado laboral en España: 6 puntos a tener en cuenta

El mercado laboral en España presenta múltiples ventajas para las empresas extranjeras que deciden instalarse en el territorio. Precisamente por ello, en los últimos años se ha mantenido una tendencia al alza en la importación de empresas y startups.

Sin embargo, a la hora de iniciar una actividad en el país o traer un modelo de negocio, es imprescindible conocer la regulación del sector. Una de las características de nuestro mercado laboral es la protección de los derechos de las personas trabajadoras, lo que requiere una prolija regulación que hace recomendable contar con asesoría jurídica especializada.

Hoy queremos repasar algunos de los elementos jurídicos claves para conocer la regulación del mercado laboral en España. También queremos recordarle que, como especialistas en Derecho Laboral, podemos ayudarle a establecer su empresa en el país o abrir su negocio con plenas garantías legales.

Tipos de contratos admitidos en España

En España se pueden utilizar diferentes tipos de contratos, a fin de adaptarse a las necesidades de la empresa. Aunque se permiten contratos flexibles, vinculados al ciclo de producción de la compañía, se favorece su continuidad para garantizar la estabilidad laboral.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, si bien existen algunas restricciones cuando la persona trabajadora no ha alcanzado la mayoría de edad (18 años). Se permite el establecimiento de períodos de prueba.

Respecto a la jornada laboral, suele tener un máximo de 40 horas semanales. Además, existen períodos de descanso semanales y anuales, a los que se debe añadir un tiempo mínimo de vacaciones anual de 30 días naturales.

La finalización del contrato

Salvo en los casos de contratos temporales, la relación laboral en España puede terminar por baja voluntaria de la persona trabajadora, por acuerdo entre esta y la empresa o por despido. El despido es la decisión unilateral de la empresa de dar por terminada la relación laboral.

Para proteger los derechos de las personas trabajadoras, los despidos deben ser justificados. En caso contrario se deberá abonar una indemnización a la persona afectada. También en aquellos casos en que el cese se deba a causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Además, hay algunos casos en que el despido está prohibido, como cuando existen causas discriminatorias.

Cómo funciona la Seguridad Social en España

La Seguridad Social protege a las personas trabajadoras ante contingencias como accidentes o la jubilación. Se financia mediante las aportaciones que realizan tanto las empresas como las propias personas cubiertas por el sistema.

Precisamente es la empresa quien más aporta al sistema, aunque en los casos de baja queda dispensada de la obligación de pagar salarios hasta que se produzca la recuperación de la persona trabajadora. La cuantía de esta aportación depende principalmente del salario de las personas cubiertas.

Incentivos a la contratación

Tanto el Gobierno central como los autonómicos tienen por misión dinamizar el mercado laboral en España. Precisamente por ello, existen numerosos incentivos a la contratación.

Generalmente, los incentivos consisten en descuentos sobre las cotizaciones a la Seguridad Social, pero también existen apoyos económicos y fiscales.

Costes salariales

En España se regula un salario mínimo interprofesional, que actualmente está en 1.000 euros al mes. Pese a ello, cada sector puede presentar mínimos legales superiores.

Además, las personas trabajadoras tienen derecho a cobrar dos pagas extras al año, que equivalen a un mes de salario y se pueden prorratear mes a mes. Cabe recordar que el plazo máximo de pago es mensual.

Prevención de riesgos laborales

La prevención de riesgos laborales es una de las claves del mercado laboral en España. Las empresas tienen la responsabilidad de velar por la salud y seguridad de las personas a su cargo, tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos inherentes al puesto de trabajo. En este sentido, las autoridades laborales podrán ejercitar funciones de vigilancia, sancionando a las empresas que no respeten las cautelas necesarias para garantizar la salud e higiene laboral.